El Estado panameño ha ratificado los principales tratados de derechos humanos .Entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Nino, mediante Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, asumiendo obligaciones jurídicas respecto a su plena aplicación en el derecho interno.

Nuestro país tiene una deuda de más de treinta años con los niños, niñas y  adolescentes  residentes  en  el  territorio  nacional.  La Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha reiterado nuestra obligación como Estado tal y como se prevé en las Observaciones Finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados, presentes en el ordinal  tercero, numeral  6 y 7 relativa a los Principales Motivos de Preocupación y Recomendaciones:

El Comité insta al Estado parte a que agilice la aprobación de una ley amplia sobre los derechos del niño que presente a este como titular de derechos y no como objeto de protección, en consonancia con las disposiciones y los principios de la Convención y de conformidad con la observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención.

El Comité también recomienda al Estado parte que asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y suficientes para aplicar esta ley y crear el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes a escala nacional, provincial y municipal.

El Comité, tomando nota de los distintos planes sectoriales de formación de los derechos del niño, alienta al Estado parte a que acelere el establecimiento de una política y estrategias integrales para promover, proteger y hacer efectivos a escala nacional, provincial y municipal los derechos del niño, niña y adolescente  en todos los ámbitos abarcados por la Convención, conforme a lo recomendado antes. También recomienda al Estado parte que incorpore estos derechos en sus planes estratégicos y  desarrollo.

La coyuntura actual imperante en nuestro país, ha vuelto a poner en la palestra pública la necesidad de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente el proyecto ley que determinará su dirección, se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional.

¿Por qué es tan importante este sistema?

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida digna y sin violencia, con acceso a la salud, nutrición y educación para desarrollar todo su potencial.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, están expuestos a sufrir las consecuencias de la violencia, abusos, maltrato y explotación. Para hacer frente a esta realidad que afecta a todos los sectores sociales, es necesario fortalecer la protección especial de la infancia, es decir, aquellas políticas y programas que aborden procesos de prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas de estas vulneraciones.

Por otra parte, otro gran número de niños, niñas y adolescentes no pueden ejercer todos sus derechos por su condición de pobreza, discriminación, discapacidad u otras vulnerabilidades. Para atender a este gran porcentaje de la población infantil, es necesario desarrollar y ampliar los mecanismos de protección social con políticas y programas sociales que les permitan vivir con dignidad y superar las dificultades propias de la pobreza.

Para que el conjunto de estas políticas y acciones sean integrales y coordinadas en un país, se requiere crear un Sistema de Protección Integral que se extienda desde lo nacional a lo local e involucra la activa participación de todos los miembros de sociedad, con el propósito de brindar esa respuesta efectiva a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad a fin de que tengan una justa oportunidad para su desarrollo.

La academia, así como grupos de la sociedad civil tales como Aliados por la Niñez, Cámara Panameña de Desarrollo Social y el Observatorio de Derechos de la Niñez han levantado su voz para exigir la celeridad en la creación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Como organización promotora de la protección y defensa del niño, Casa Esperanza ha puesto experiencia y conocimiento a fin de apoyar las gestiones en beneficio de la creación de un sistema de protección que garantizara los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes.