No es factible lograr un desarrollo integral en una sociedad que no comprometa a las futuras generaciones, sino se promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y el trabajo decente en un país.
El trabajo infantil constituye una violación a los derechos fundamentales y atenta el desarrollo integral del niño. Representa una grave manifestación de desigualdad e implica una limitante para el desarrollo de talento humano desde temprana edad.
No sólo contribuye a perpetuar la pobreza de una generación a otra, impide además, la movilidad social basada en la educación y escolarización.
La eliminación del trabajo infantil se plasma en el meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exhortando a la comunidad mundial a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las normas modernas de esclavitud, la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil a más tardar en el 2025.
Construir una economía fuerte y justa requiere de políticas que garanticen la protección de los derechos de todos los actores de la sociedad. Por ello, debemos, tanto gobierno, como sector privado, asumir la responsabilidad en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
Fuente: Casa Esperanza
